El juez Ronald Guerrero debía decidir este martes si vincular o no a Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y a la exgerente del hospital de Los Ceibos a una investigación por delincuencia organizada para la venta de medicamentos que lleva la Fiscalía, pero luego más de tres horas de audiencia decidió suspender la diligencia y solicitar a la Presidencia de la República que aclare cuál era el cargo de Granda y si goza o no de fuero de corte.
De ser así, el caso que investiga la fiscal Claudia Romero pasaría a la Corte Nacional de Justicia.
Los abogados de Granda aseguran que su cliente gozaba del mismo rango de un ministro de Estado, por lo que insisten en que el juez Guerrero no sería competente para ver el caso.
El magistrado espera que en 48 horas la Presidencia aclare este asunto y se proceda en consecuencia.
Mientras tanto, la tarde del martes Paúl Granda se dirigió a los medios a través de una videoconferencia, lo hizo desde Quito y acompañado de su padre, Víctor Granda, y de su abogado, Guido Escobar.
Empezó aclarando que no tendría nada que ver con la supuesta red de corrupción que asegura la fiscal Romero operaba en los hospitales del IESS para la adjudicación de millonarios contratos.
Insiste en que él mismo denunció casos y pidió investigaciones de la Contraloría y Fiscalía cuando asumió el cargo, y además niega totalmente conocer a Daniel Salcedo o haber estado en la famosa suite en las Torres del Hilton, donde supuestamente se reunían funcionarios y empresarios y en cuya bitácora supuestamente aparece en varias ocasiones entre junio y julio del 2019 el nombre del expresidente del directorio del Seguro Social.
Granda dijo que en una de las fechas en la que supuestamente habría visitado el departamento, él habría estado reunido con el presidente. Sostuvo además que en otra fecha en la que su nombre aparece en el registro habría viajado a Cuenca por una emergencia.
El padre de Granda sostuvo que denunciarían a la fiscal Romero e indicó que se habría burlado de los documentos presentados por su hijo como prueba de su arraigo social.
En este caso se investiga a los hermanos Michel, Jacobo y Dalo Bucaram Pulley, también a los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, además de funcionarios y empresarios, la mayoría están prófugos.
La fiscal investiga una red que otorgaba convenios de pago que iban desde los 200.000 hasta un millón de dólares.
Fuente: EU
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