En Ecuador hay funcionarios públicos que deben ubicarse y saber que el país vive en democracia, agregó.
El asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, José Serrano, destacó que María Paula Romo es Ministra de Gobierno, más no una hacendada ni propietaria de la Asamblea Nacional; esto en referencia a las declaraciones de la funcionaria, exigiendo que su proceso de juicio político sea presencial para que sus interpelantes la enfrenten como ella ha enfrentado la crisis que atraviesa el país.
“Es un descomedimiento de la ministra y lastimosamente eso denota una actitud que al final de la jornada tendrá que ser evaluada en el marco del juicio político que ya está en la Comisión de Fiscalización. Estamos a la espera de que el compañero Elio Peña convoque”.
Destacó que el proceso de juicio político, al igual que lo enfrentó Christian Cruz ahora extitular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tendrá por objeto determinar si la ministra incumplió en sus funciones: “Aquí vamos a fiscalizar, no vamos hacer fiesta ni a reunirnos un club de amigos para resolver sobre tal o cual situación que podría ser en cualquier otra circunstancia, este es un proceso político que tiene que respetar los parámetros”.
“En Ecuador hay funcionarios públicos que tienen que ubicarse y saber que el país vive en democracia”
Remarcó que tras la reestructuración de la Comisión de Fiscalización desde septiembre de este año, los procesos que ahí se impulsan tienen por objeto fortalecer la institucionalidad del país: “Aquí no estamos en dedocracia ni es propiedad privada de ningún político o empresario y la democracia determina que hay proceso de fiscalización ya sea Ministro o Contralor”.
Con esa base aseguró que la decisión que tome la Comisión sobre el caso de Romo será en estricto apego a las pruebas que entreguen los interpelantes y ahí determinar si el juicio debe ir al Pleno o no.
En todo caso, advirtió que el grupo legislativo no actúa en el marco de la prepotencia, reparto o compadrazgo, sino de institucionalidad que determina si un funcionario cometió o no actos que llevaron a un incumplimiento de funciones.
Fuente: Pichincha Comuniciones


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