Gabriela Rivadeneira y Ma. Sol Larrea, entre los 2.500 deudores impagos al BIESS

No se benefició de uno, sino de dos créditos de la seguridad social. A inicios de 2013, Gabriela Rivadeneira Burbano estaba en plena campaña para llegar al Legislativo con la camiseta verde flex de la Revolución Ciudadana.

El penúltimo día de enero, recibió un crédito del BIESS por 29.917 dólares. La suerte le sonreía. No solo ganó la curul. Ese mayo se posesionó y fue elegida presidenta de la Asamblea, cargo que ocupó por dos períodos consecutivos.

En junio de 2014, cuando ya ocupaba la Presidencia de la Legislatura, tramitó un segundo crédito. Como garantía, exhibió seis años de aportes. El monto aprobado fue 254.724 dólares, a 15 años plazo.

Calculaba que lo terminaría de pagar cuando su primer hijo ya estuviera en la universidad.

Con el préstamo adquirió una casa de 270 metros cuadrados, en un conjunto cerrado de  viviendas adosadas en Iñaquito Alto, al noroccidente de la capital.

Anteriormente, su familia vivió en una zona cercana (Mañosca), en un departamento de 86 metros cuadrados por el que pagaba mil dólares mensuales de arriendo.

Esto lo reveló a la revista Clave, en su edición febrero-marzo 2015, cuando mostró ante las cámaras la casa de 15 años de antigüedad, que había restaurado para habitar con su familia de cuatro integrantes.

“Igual que todos los afiliados ecuatorianos, también teníamos derecho a acceder a ese financiamiento. Obtenerlo no fue tan fácil como se piensa, incluso diría que un poco más complicado que para el resto de afiliados, pues por mi cargo público temían que haya elucubraciones al respecto. Miraban con lupa cada paso del proceso”, aclaró en esa entrevista.

Los registros del BIESS reflejan que la deuda en mora desde enero. La beneficiaria canceló menos del 50 por ciento del préstamo. Después de los hechos de octubre pasado está refugiada en México. Perdió su sueldo de asambleísta. Desde ese país argumenta ser víctima de persecución política, publica una investigación del portal Código Vidrio y Revista Vistazo.

Para el BIESS, la garantía de este crédito hipotecario es el propio bien adquirido, por lo que está en camino un proceso de coactiva, una vez que se aclaren los plazos fijados en la Ley Humanitaria. Por ahora, el trámite está en fase de “custodia”, antes del inicio del trámite de cobro por vía legal.

La pandemia sumió a muchos ecuatorianos en la tragedia de las deudas impagas, por la reducción de ingresos, pérdida de fuentes de empleo o quiebra de negocios.

No obstante, el Banco de los afiliados de la seguridad social ya arrastraba deudas sin cobrar, algunas por varios años sin acciones efectivas de cobro, por vía coactiva, a la que están facultadas las entidades públicas.

En una comparecencia ante la Asamblea nacional, el gerente del BIESS, Diego Burneo, reveló que hay unos 2.500 deudores históricos. El monto por cobrar representaría unos 400 millones de dólares.

Es un agujero negro en las cuentas del BIESS, pero su existencia no es resultado exclusivo de la crisis sanitaria, sino de la inacción de los diez funcionarios que transitaron por la gerencia del BIESS en los años previos.

Entre los deudores impagos se encuentra María Sol Larrea, quien fuera el brazo derecho de Ramiro González, ahora prófugo de la justicia. Larrea recibió un crédito el 17 de julio de 2015, por 99.900 dólares.

Pagó más de la mitad. Ella cumple condena en la cárcel de Cotopaxi por sentencias relacionadas con delitos durante su etapa de intocable en el IESS.

Ahora enfrenta un nuevo juicio, por presunto lavado de activos. Larrea fue directora general del hospital Carlos Andrade Marín; coordinadora de gestión de Unidades Médicas del IESS y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad.

Todos estos cargos estaban bajo la protección de González, quien fue presidente del consejo directivo del IESS y posteriormente, ministro de Industrias.

Entre los 2.500 deudores históricos hay casos de Ripley. Por ejemplo, 22 créditos que mantienen ocho años sin cubrir con sus obligaciones y no perdieron el inmueble hipotecado. El Banco de Seguro Social tiene la ley a su favor y puede iniciar coactivas a los seis meses de deuda.

Hay créditos concentrados por más de medio millón de dólares para una sola beneficiaria, cuya edad no pasa de 30 años y no declaró impuesto a la renta desde 2013. Una pariente suya recibió igualmente, medio millón de dólares; los valores están impagos.

El 6 de mayo de 2014, dos personas recibieron igual crédito: 346 mil dólares. Dejaron de pagar en la misma fecha.

El gerente, Diego Burneo, explicó en la Comisión de Soberanía de la Asamblea, que empezarán los procesos de coactivas contra los 2.500 deudores históricos apenas se rompa el candado que impuso la Ley Humanitaria. Los legisladores redactaron la ley de manera que se vuelve imposible el cobro inmediato de deudas anteriores a la pandemia.

A pesar de este inconveniente, el BIESS siguió entregando hipotecarios a los afiliados. Hasta agosto pasado desembolsó 282 millones de dólares en este tipo de crédito. De ese total, 168 millones fueron prestados con una tasa preferencial de 5,99 por ciento, menor en seis puntos al interés que se cobra en esas operaciones.

La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 empeoró el porcentaje de morosidad del BIESS, el cual subió hasta en un 12 por ciento. El más alto de los últimos años.

Según Burneo, antes de la crisis por Covid-19, la morosidad era entre 5 al 7 por ciento, que es considerada alta en comparación con el registro de bancos privados, pero que era manejable. No obstante, en los últimos meses se registra un crecimiento exponencial.

Para el gerente este crecimiento se explica por lo merma de las aportaciones ocasionadas por más de 260.000 personas que se quedaron sin empleo y otras miles que vieron limitados sus ingresos por la recesión económica.

Adicionalmente, durante los meses más fuertes de la pandemia el Gobierno prohibió al BIESS que descontara las cuotas de los créditos a sus clientes. Esta medida se confirmó con la Ley Humanitaria, la cual además estipuló los nuevos plazos embargar las propiedades. 

Fuente: Vistazo