septiembre 23, 2021

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Maestros cumplen un mes de huelga de hambre

“Pensamos que pasarían máximo 20 días, pero la presión del Gobierno y círculos de poder para que la Corte no se pronuncie pronto ha hecho que siga la huelga”, criticó uno de los docentes.

“Pensamos que pasarían máximo 20 días, pero la presión del Gobierno y círculos de poder para que la Corte no se pronuncie pronto ha hecho que siga la huelga”, criticó uno de los docentes.

Jhonny Tamayo, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Quito, lleva un mes sin ver a su madre, una mujer de la tercera edad, de quien está hecho cargo. Tampoco ha visto a su sobrina. Otras maestras tienen 31 días sin ver a sus hijos de 5 y 7 años. La lucha de los docentes se agudiza en el medio del silencio de la Corte Constitucional.

Este miércoles 11 de agosto, Jhonny Tamayo, junto a sus compañeros, de 11 provincias, cumplen un mes de la huelga de hambre en defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). “Es algo muy fuerte que estamos pasando”, señaló.

Nunca se imaginaron que esta medida, así  como la indolencia de la Corte Constitucional, dure tanto tiempo.  “Pensamos que máximo unos 20 días pasaría, pero la presión del Gobierno y del círculos de poder para que la Corte no se pronuncie pronto ha hecho que esta huelga de hambre siga”, criticó.

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En las noches y madrugadas, cuando el frío se cuela por las rendijas de la carpa en la que resiste juntos a sus compañeros, la añoranza de sus familiares lo desaniman a seguir, pero la justa lucha -como él califica esta huelga- lo mantienen firme.

El ánimo para seguir llega también de terceros. Hugo y Nelly Guevara son los caseros de Fernando Mejía, maestro desvinculado al inicio de la pandemia. Lo visitan pasando un día y temen por su salud. No es su familiar, pero se ganó su aprecio y hoy su respaldo para que no decaiga en esta huelga. Pidieron a las autoridades que atiendan los reclamos de los maestros.

Este miércoles, otro grupo de dirigentes de la educación realizaron un plantón y se encadenaron simbólicamente a la Corte Constitucional para exigir que resuelvan sobre la constitucionalidad de la norma, que fue impugnada por varios actores, al señalar que no existe el financiamiento para el cumplimiento de la Ley.

Fuente: Pichincha Comunicaciones

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