septiembre 16, 2021

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Tres frentes políticos buscan la salida de Villavicencio de la mesa que fiscaliza en la Asamblea Nacional

El desenlace del juicio político del excontralor Pablo Celi definirá la permanencia de Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización.

El desenlace del juicio político del excontralor Pablo Celi definirá la permanencia de Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización.

Tres frentes políticos de la Asamblea Nacional piden la cabeza del asambleísta Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), presidente de la Comisión de Fiscalización, por omitir la presentación del informe sobre el juicio político al excontralor Pablo Celi; por supuesta violencia política; por descrédito al Parlamento; y, por mancillar la reputación de un legislador.

En ese empeño de quitar de la presidencia de la mesa de Fiscalización a Villavicencio coinciden Pachakutik, Izquierda Democrática y el correísmo, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES); y a ese grupo se suma la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien anunció la presentación de una queja por violencia política y descrédito de la legislatura.

Para muchos la presencia de Villavicencio se vuelve incómoda y un peligro, pues él los investiga a raíz de la información que recibió de la excontralora general del Estado subrogante Valentína Zárate respecto de glosas establecidas del 2007 al 2021, que incluiría a exalcaldes, exprefectos y exfuncionarios, algunos de ellos que hoy son asambleístas.

Villavicencio habla de al menos quince asambleístas que tendrían glosas e informes con responsabilidad penal, aunque esa cifra podría subir a 35 de los actuales legisladores que tendrían expedientes en la Contraloría del Estado.

Pachakutik y UNES nunca estuvieron de acuerdo en que Villavicencio presida la Comisión de Fiscalización. El legislador logró la presidencia en mayo pasado con el voto de la socialcristiana Soledad Diab, quien en la sesión del 11 de agosto lo tildó de “mentiroso” por sus declaraciones en medios de comunicación de que el PSC no quiere enjuiciar a Celi.

Tras la designación de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, el candidato a presidir la Comisión de Fiscalización era el asambleísta Daniel Noboa Azín (Ecuatoriano Unido), pero quien propuso la presidencia de esa mesa para Fernando Villavicencio fue el presidente de la República, Guillermo Lasso, de ahí que su postulación y los votos vinieron de CREO y de la Bancada Acuerdo Nacional: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya. A ellos se sumó la legisladora Soledad Diab, del PSC, y el mismo Villavicencio. En contra y abstención se mantuvieron Pachakutik y UNES.

Confrontaciones

La primera confrontación que tuvo el legislador nacional con la presidenta de la Asamblea y el movimiento Pachakutik fue el 25 de junio, por reclamos públicos entre Llori y Villavicencio respecto del juicio político al exministro de Energía René Ortiz, iniciado en el periodo legislativo anterior, y que según el presidente de la mesa de Fiscalización los plazos precluyeron por no remitir de manera oportuna la información sobre el proceso; en tanto que la titular de la legislatura aseguró que la información se entregó el 26 de mayo. En defensa de Llori salieron los asambleístas de PK Salvador Quishpe y Ricardo Vanegas. Al final se archivó el proceso.

Según Villavicencio, los problemas con Llori se agravan cuando en el marco del procesamiento del juicio político al excontralor Pablo Celi recibió todos los informes de auditoría realizados desde el 2007, y aclara que jamás pidió un solo informe sobre Guadalupe Llori y Salvador Quishpe, pero ambos tienen glosas.

El otro tema que enfrentó no solo a Llori con Villavicencio, sino que se sumaron UNES, Pachakutik y la Izquierda Democrática, fue no haber presentado dentro del plazo el informe recomendando el juicio y la censura del excontralor subrogante Pablo Celi.

Para evitar que el juicio se caiga, la Comisión optó por presentar informe de posiciones de todos sus miembros, aunque nunca hubo un intento de aprobar un informe dentro del plazo que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La responsabilidad por no notificar el pedido de prórroga de cinco días, para presentar el informe, recayó sobre la secretaria de la mesa, Sharon Jiménez, quien renunció.

Frente a ese escenario, Villavicencio afirma que hubo una decisión entre los jefes de bloque de aprovechar del error de no presentar el informe sobre el juicio político a Pablo Celi, para ponerlo contra la pared y generar un linchamiento en su contra. Entre los mentores de ese plan nombra a los coordinadores de la ID, Alejandro Jaramillo, y de PK, Rafael Lucero. “Ellos dijeron textualmente, hay que aprovechar este momento para decapitar a Villavicencio y sacarlo de la Comisión de Fiscalización”, anota.

Luego viene el tema de la compra de cuatro vehículos para las principales autoridades de la Asamblea; mientras la presidenta de la legislatura desmintió que la haya autorizado, Villavicencio mostró documentación que revelaría que desde la presidencia de la Asamblea se dio la disposición para que se abra un proceso de adquisición de vehículos, que luego de la reacción de los medios y de los legisladores se suspendió.

También cuenta que Llori recibió la visita del prefecto de Pastaza, Jaime Guevara Blaschke, quien tiene dos resoluciones de destitución por parte de la Contraloría. Fue invitado a una reunión donde también participaron el asambleísta de esa provincia Elías Jachero (BAN) y el asesor legislativo Julio César Sarango. Llori le pidió no hacer nada frente a la situación del prefecto.

Las razones por las cuales lo quieren fuera, según Villavicencio, es por el pretexto de no presentar el informe sobre el juicio político a Pablo Celi; por haber abierto, en el juicio al excontralor, una investigación que se remonta más de diez años atrás, lo cual nunca quisieron los correístas.

Además, porque en sus manos está la información de la Contraloría del Estado sobre los informes y glosas emitidas en contra de algunos exfuncionarios que hoy tienen una curul en el Parlamento.

Si lo sacan de la presidencia de Fiscalización sería un honor, añade el representante nacional, quien reitera que la honra crece aún más cuando se observa que se hayan unido para intentar botarlo de la presidencia de la Comisión “todos aquellos que defienden esa máxima de que si roben, roben bien”.

Para el legislador Ronny Aleaga (UNES), Villavicencio cometió una falta gravísima -que es causal de remoción de su cargo- al olvidarse de notificar el pedido de prórroga para presentar el informe del juicio político a Celi, poniendo en riesgo la interpelación. La Comisión, a su criterio, debería analizar y tomar una decisión sobre ese incumplimiento.

Además, asegura que Villavicencio destapa casos de corrupción solo de una tendencia política, y ahora contra la presidenta de la Asamblea. “Es selectivo, misterioso, ¿por qué no sale de alguien más?”, pregunta.

Este legislador afirma que Villavicencio se aprovecha de la cabida que le dan ciertos medios de comunicación y trata de armar un aparataje comunicacional haciéndose ver como el paladín de la justicia, y ahora trata de torpedear la Asamblea y con ello minar su credibilidad.

La salida de Villavicencio de la mesa de Fiscalización dependerá mucho de la Comisión, quienes cuestionan su actuación frente al informe del juicio a Pablo Celi, asegura Darwin Pereira, del movimiento Pachakutik, quien en la última semana incluso lo invitó a dejar la Asamblea y lo tildó de sinvergüenza por atreverse a cuestionar a la presidenta de la legislatura.

También dependerá de lo que suceda en el día del juicio político a Celi. Si la defensa del excontralor argumenta violación de derechos en el procedimiento respecto al informe sobre la sustanciación del pedido de juicio, podría agravarse la situación de Villavicencio, comenta Pereira. Si eso sucede, habría unanimidad para sacarlo de esa mesa que fiscaliza y hace control político en el Poder Legislativo. (I)

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