septiembre 23, 2021

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Al menos 28 asambleístas suman 45 millones de dólares en glosas, afirma Fernando Villavicencio

La alerta la despertó Valentina Zárate, quien en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el pasado 21 de julio, en el marco del juicio político al excontralor Pablo Celi, afirmó que en el corto tiempo en que se desempeñó como contralora subrogante pudo evidenciar que sobre al menos 32 asambleístas pesaban informes de Contraloría por los que debían responderle al país.

La alerta la despertó Valentina Zárate, quien en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el pasado 21 de julio, en el marco del juicio político al excontralor Pablo Celi, afirmó que en el corto tiempo en que se desempeñó como contralora subrogante pudo evidenciar que sobre al menos 32 asambleístas pesaban informes de Contraloría por los que debían responderle al país.


Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, solicitó la información oficial al actual contralor subrogante, Carlos Riofrío, y según el legislador, le fue negada, al ser calificada como “confidencial”.


“Valentina Zárate sí entregó información a la Comisión y cuando este presidente le solicita que precise el estado de situación de estas responsabilidades, el señor (Riofrío) le pone un candado, le blinda y le dice no a la Asamblea, aquí nadie se burla de la Asamblea, el señor Riofrío tiene que comparecer ante la Comisión de Fiscalización y tiene que entregarnos toda la información que le hemos requerido”, afirmó Villavicencio.  


Según los datos entregados, hay al menos 28 asambleístas actuales sobre los cuales existen glosas que sumadas dejarían al país un perjuicio por USD 48’333.069.

Las auditorías

Las investigaciones de Contraloría, en la mayoría de los casos, se realizaron cuando los legisladores ocupaban cargos locales de elección popular, es decir que fueron alcaldes o prefectos; además de cuando se desempeñaron como funcionarios públicos, principalmente del Gobierno de Rafael Correa.


En cuanto a montos, quien encabeza la lista es el asambleísta correísta Pabel Muñoz (UNES), quien tiene en su contra tres glosas, en las que suma USD 34’099.724. La de USD 5.000 fue impuesta durante su período como secretario nacional de Planificación, la de más de USD 19 millones y la de más de USD 15 millones fueron impuestas por haber conformado el directorio de TAME durante el arrendamiento supuestamente irregular de las aeronaves de la empresa estatal durante el Régimen de Rafael Correa.

“Mamotreto”

Pabel Muñoz, a través de un comunicado, calificó al informe de Contraloría como un “mamotreto”; además señaló que la institución de control no tomó en cuenta la documentación que él presentó para defenderse y puntualizó que la auditoría no se encuentra en firme, pues en el 2019 presentó una impugnación ante el Tribunal Contencioso Administrativo.


El legislador afirmó que este tema es un mecanismo de desprestigio de la Asamblea.  En el listado de legisladores glosados también se encuentra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien tiene cuatro informes impuestos por su gestión como prefecta de Orellana; y Salvador Quishpe, con 20 señalamientos realizados durante su prefectura de Zamora, el monto más alto llega a USD 92 mil.

Otros exfuncionarios

Por su gestión como autoridades seccionales también son investigados los asambleístas Carlos Zambrano (UNES), exgobernador de El Oro; Lenin Lara (UNES), exalcalde de Esmeraldas; Alexandra Arce (UNES), exalcaldesa de Durán; Francisco León (Independiente), exalcalde de Salitre; Mariano Curicama (Pahakutik), exprefecto de Chimborazo; Marco Troya (Independiente), exprefecto de Los Ríos; Hugo Cruz (Construye), exalcalde de El Carmen; Washington Varela (Sociedad Patriótica), exalcalde de Tena.

Contraloría hace consulta

Ante la acusación por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, en contra del contralor subrogante, Carlos Riofrío, por haberse negado a entregar la información sobre las glosas que pesaría sobre 28 asambleístas, el órgano de control, a través de un comunicado, señaló que ha elevado a consulta de la Procuraduría la entrega de datos personales de exfuncionarios cuyo juzgamiento todavía se encuentra en proceso, lo cual vulneraría su derecho a la defensa.


“La Contraloría General del Estado no “encubre” a nadie, ni ha declarado “secreta” ninguna información, dijo el contralor (s) Carlos Riofrío, al puntualizar que “la institución realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso”, informó el órgano de control, que además señaló que una vez tenga la respuesta de Contraloría, le contestará a Villavicencio.

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