mayo 17, 2022

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Plan gubernamental para el derribo de aeronaves irregulares sigue en proyecto

Hace casi siete meses, el Ejecutivo anunció su decisión de enviar a la Función Legislativa un proyecto de ley para derribar en caso extremo aeronaves que no cuenten con autorización de vuelo.

Hace casi siete meses, el Ejecutivo anunció su decisión de enviar a la Función Legislativa un proyecto de ley para derribar en caso extremo aeronaves que no cuenten con autorización de vuelo.

En octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció que enviaría a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que autorice el derribo de aeronaves irregulares en el territorio nacional, en respuesta al creciente problema del narcotráfico.

“Pronto presentaremos en la Asamblea Nacional una ley que autorice el derribo de naves irregulares que no acepten las órdenes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana”, dijo el mandatario durante un evento castrense el año pasado.

Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, insiste en la necesidad de que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) cuente con un instrumento legal para poder derribar aeronaves que no cuenten con permiso de vuelo, como lo tienen países como Argentina.

“Solo con una ley de estas características se podrá hacer respetar la soberanía nacional y el espacio aéreo ecuatoriano que es vulnerado permanentemente con las actividades de las narcoavionetas”, señaló.

Para este militar en servicio pasivo, la FAE necesita coordinar el esquema de radares, con una ley que les permita ejecutar la  disposición constitucional y la misión que le da el Comando Conjunto de proteger la soberanía “que al momento no lo puede hacer por esa limitación que tiene”, alertó.

Fuerza de tarea conjunta 

Sin embargo, aclaró que a la FAE no solo se le debe dotar de esta infraestructura, sino que el Estado debe conformar una fuerza de tarea conjunta para poder combatir al  narcotráfico y al crimen organizado como lo tienen Brasil y Colombia. 

Explicó que la fuerza de tarea conjunta debe estar  integrada por miembros de las tres ramas de la Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aviación), además de la Policía Nacional, organismos de inteligencia  y la Fiscalía, para poder, bajo un comando integrado disponer las operaciones en contra del crimen organizado transnacional.

Un proyecto de Ley de esas características podría incluir, reglas de protección aeroespacial que habilita a las Fuerzas Armadas a identificar, advertir y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a aquellas naves que ingresen en el espacio aéreo sin autorización.

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