septiembre 28, 2022

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Censo en cárceles de Ecuador evidencia inconsistencias en datos

La información de los presos de 12 cárceles del país ya se verifica con un cruce de datos en entidades estatales.

La información de los presos de 12 cárceles del país ya se verifica con un cruce de datos en entidades estatales.


El historial judicial, socioeconómico, ficha médica, información de sus identidades, entre otros, son constatados en las bases de datos de al menos seis instituciones públicas.

Este trabajo es parte del censo penitenciario que realiza el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, MIES, Ministerio de Salud y Policía Criminalística.

En los 20 días que lleva este proceso, más de 6 000 detenidos han accedido a dar su información de forma consentida.
Ayer, las fases de entrevistas continuaron en los presidios de Esmeraldas y Morona Santiago.

Datos comprobados

Las primeras verificaciones arrojaron casos que llaman la atención de las autoridades. De forma preliminar, se sabe que hay reos cuyas identidades habrían sido alteradas cuando fueron detenidos.

Eso sucede con los apellidos; pues en unos casos hay un apellido real, y en otros no corresponde a lo que consta en el sistema de identidades. A partir de esto se indagará si existen suplantaciones.

Lo más recurrente hasta ahora son inconsistencias por datos de registros de identidades, pero por errores de tipeo y falta de actualización de la cédula.

Así lo informó el coronel Carlos Albán, parte del equipo que dirige el censo. Abogados penalistas consultados dicen que la importancia de este censo radica en que haya una matriz única de información que permita confirmar si son precisos o no los datos del preso.

Lo que se evidencia hasta ahora es que, ante la falta de esa base de datos consolidada, existiría una dispersión de información que bien puede ser correcta en una entidad, pero imprecisa o falsa en otra, opina el abogado Omar Hurtado.

Para el jurisconsulto Rafael Mosquera, en caso de que se comprueben las inconsistencias esto pudiera repercutir en el cometimiento de un delito, lo que complicaría la situación judicial del detenido.

Por ejemplo, de existir una suplantación de identidad podría vinculárselo con el delito de falsificación y uso de documento falso, que se sanciona con cinco a siete años de prisión.

Si es que la naturaleza del censo permite imputarlo por algún delito adicional, esa pena se sumaría a la que ya cumple.
Sin embargo, el SNAI y la Secretaría de Derechos Humanos han sido claros con el propósito del registro penitenciario.

Cuando arrancó el censo, el pasado 22 de agosto, se informó que se recopila “información concreta sobre la situación sociodemográfica de los privados de la libertad”. Se habló también de su condición de salud, edad, lugar
de origen, nivel educativo, años de condena, etc.

El coronel Carlos Albán reconoció que el sistema penitenciario tenía información de la población carcelaria, pero que esta no era certera ni precisa.

Ahora se hace de forma técnica para construir una política pública adecuada, entre esas, los beneficios que judicialmente amparan a los detenidos.

Precisamente, con la información sobre los años de condena se busca que haya claridad en el momento de la reducción de una pena y el otorgamiento de la prelibertad.

La idea, sostiene Albán, es que bajen aún más las cifras de hacinamiento carcelario. Según estadísticas del SNAI, hasta agosto pasado en las 36 cárceles del país había 32 502 detenidos. En ese mismo período del año pasado eran 38 717.

El hacinamiento en los ocho primeros meses del año se ubicó en 11,32% en promedio. A esa fecha del año pasado fue del 28,33%. Según el SNAI, hacen falta unas 3 414 plazas en los presidios, a escala nacional, para tener instalada una real capacidad efectiva.

Fuentge: EC

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