octubre 2, 2022

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La Fiscalía dice que sí necesita autonomía, pero no un Consejo Fiscal, como propone el Ejecutivo

Una de las ocho preguntas que presentó este lunes el Gobierno de Lasso tiene como objetivo fortalecer al Ministerio Público para mejorar la seguridad

Una de las ocho preguntas que presentó este lunes el Gobierno de Lasso tiene como objetivo fortalecer al Ministerio Público para mejorar la seguridad

Este lunes 12 de septiembre, el Ejecutivo hizo públicas las ocho preguntas de la Consulta Popular que propone para encambinar al país desde diferentes ámbitos, como la justicia, clave para el combate contra el crimen organizado.

En tercer lugar, del paquete de enmiendas para promover la seguridad ciudadana consta la pregunta que generó reparos en la Fiscalía: «Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?».

La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, dice que sí necesita tener «una verdadera autonomía, que le permita seleccionar, evaluar, capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos a escala nacional, razón por la cual sería innecesaria la creación de otro Consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado, toda vez que esta Institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos, respetando los principios de veeduría, meritocracia, oralidad, transparencia y publicidad sugeridos».

Así también enfatiza que es clave «entender la autonomía de la Fiscalía General del Estado como un concepto global, que le permita brindar un acceso a la justicia más ágil y eficiente«. Para garantizar ese espacio de decisión, se añade, se debe «quitar las trabas que representa que otro cuerpo colegiado (cualquiera que este sea) tome las decisiones, en lugar de que sea la Institución la que lo haga, debido a que conoce los requerimientos de primera mano».

La Fiscalía adelantó que «presentará ante la Corte Constitucional -en el momento que esta avoque conocimiento- un amicus curiae para plantear las observaciones respectivas, siempre con el fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía«.

Las otras propuestas de enmiendas constitucionales sobre seguridad ciudadana describen la necesidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las funciones para combatir el crimen organizado. También consta el tema de la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos transnacionales.

La propuesta de consulta al pueblo incluye, además, iniciativas de enmiendas «para el fortalecimiento de la democracia» y «para proteger el medio ambiente».

Este lunes 12 de septiembre, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, presentó oficialmente las preguntas y los anexos ante la Corte Constitucional para que esta las analice y, eventualmente, las pruebe u observe para que posteriormente el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a Consulta Popular o «consulta ciudadana» como la denomina el Ejecutivo.

TIEMPOS

Ismael Quintana, constitucionalista, explica que en 20 días la Corte Constitucional debería emitir un dictamen y si no lo hace en ese tiempo se entendería que el fallo es favorable para el Ejecutivo, según el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. «Eso dice la norma, que se aplicó en la Consulta Popular que impulsó el entonces presidente Lenín Moreno, dado que la Corte Constitucional no emitió un pronunciamiento dentro de ese plazo», indica Quintana.

No obstante, el especialista en Derecho Constitucional refiere que el panorama podría ser otro en esta ocasión.  «La corte actual ha incurrido en una especie de interpretación de esta norma, indicando que cuando se va a calificar la vía o el procedimiento, ese plazo no corre, sino solamente cuando se entre a hacer el análisis de fondo de la constitucionalidad de las preguntas. A la luz de la ley son 20 días y a la luz de la jurisprudencia es cuando a la corte se le dé la gana».

Fuente: Expreso

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